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Los partidos de izquierda denuncian el acuerdo ilegal al que ha llegado Emaya con un trabajador acusado de acoso contra sus compañeros y compañeras

  • PSOE Palma
  • 30 jun
  • 2 Min. de lectura

PSOE Palma, Més per Palma y Unides Podem exigen que se den explicaciones de forma inmediata.


El acuerdo, que supone una indemnización de 225.000 euros, no ha pasado por el consejo de administración y se ha llevado a cabo de forma clandestina y oculta.


La izquierda denuncia que esta decisión es el precio que el Partido Popular ha pagado a Vox a cambio de su apoyo.

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El PSOE Palma, Més per Palma y Unides Podem denuncian el acuerdo alcanzado por Emaya con un trabajador acusado de acoso a sus compañeros y compañeras. Los grupos de izquierdas del Ayuntamiento critican la decisión del equipo de gobierno de pagar 225.000 euros a un empleado que tiene interpuestas y pendientes de resolución varias denuncias por acoso laboral, que afectan a una docena de trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal, algunos de los cuales están de baja por ese motivo. Además, el acuerdo no ha pasado por el consejo de administración. Por todo ello, los grupos municipales exigen explicaciones inmediatas ante una decisión que consideran ilegal y que se ha llevado a cabo de forma clandestina y oculta. Los tres partidos se preguntan también si este es el precio que el Partido Popular ha tenido que pagar a Vox a cambio de su apoyo.


El portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós; la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, y la portavoz de Unides Podem, Lucía Muñoz, han comparecido esta mañana ante los medios para mostrar su rechazo a la decisión adoptada por el alcalde Martínez. Los tres portavoces han afirmado que en Emaya están regresando las prácticas de hace diez años, cuando en EMAYA regía un sistema clientelar en el que los partidos políticos decidían quién trabajaba en la empresa y a quién se indemnizaba. Unas prácticas que los tres partidos consideran corruptas. Ahora, se vuelve a mercadear con los derechos de los trabajadores y trabajadoras y con los intereses públicos.


Durante el pasado mandato, se despidió a dos trabajadores y líderes sindicales afines a Vox basándose en las numerosas denuncias presentadas por empleados de EMAYA, quienes afirmaban que los coaccionaban y amenazaban con perder su puesto de trabajo. Se abrieron dos causas, una laboral y otra penal. Un juez declaró nulo el despido en la causa laboral y EMAYA interpuso un recurso contra esa decisión. Hasta ahora, el concejal de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación y presidente de EMAYA, Llorenç Bauzá, había afirmado que se esperaría a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares antes de tomar una decisión.


Ahora, ha cambiado de opinión y lo ha hecho a pocos días del inicio del juicio penal por acoso, y sin esperar la resolución del TSJIB sobre el recurso laboral interpuesto por EMAYA. Los grupos de izquierdas exigen que la empresa municipal no se retire de las causas penales abiertas y mantenga la defensa de los trabajadores y trabajadoras de EMAYA afectados.

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