El PSOE Palma presenta un paquete de siete medidas para combatir la crisis de vivienda que sufre Palma

Los socialistas proponen limitar los precios del alquiler, destinar 30 millones a políticas de vivienda y recuperar el recargo del IBI para las viviendas desocupadas.

Es necesario ceder viviendas públicas a familias en situación de emergencia residencial, promover las cooperativas de vivienda y detener las iniciativas que criminalizan a las personas que viven en caravanas o infraviviendas.

Ducrós: “El alcalde-promotor no está haciendo nada para ayudar a la ciudadanía en un momento tan delicado como el que se vive en la ciudad, hay que actuar ya”.

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El PSOE Palma presentará en el Pleno de abril un paquete de siete iniciativas para combatir la crisis habitacional que sufre Palma. “El alcalde-promotor no está haciendo nada para ayudar a la ciudadanía en un momento tan delicado como el que se vive en la ciudad, hay que actuar ya”, ha afirmado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Xisco Ducrós.

De este modo, los socialistas proponen siete medidas para empezar a revertir la situación actual. En primer lugar, Palma debe ser declarada zona tensionada para que pueda aplicarse la Ley estatal de Vivienda y limitar los precios del alquiler. Después, debe aumentarse la partida presupuestaria de vivienda y “garantizar una inversión mínima de 30 millones de euros para la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible”, ha explicado el portavoz socialista.

Además, debe restablecerse el proceso de cesión de viviendas públicas a familias en situación de emergencia residencial. También deben desarrollarse programas específicos orientados a promover la colaboración con cooperativas de vivienda en cesión de uso mediante la cesión de suelo público, apoyo técnico y líneas de financiación, como herramienta para ampliar el parque de vivienda asequible y estable en el municipio. Otra de las iniciativas es recuperar el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas desocupadas de forma permanente, especialmente en el caso de grandes tenedores, como medida para incentivar la movilización de estos inmuebles hacia el alquiler asequible.

Por último, “hay que detener cualquier iniciativa que criminalice a las personas que viven en caravanas o infraviviendas, garantizando el respeto a los derechos humanos y la coordinación con las administraciones para encontrar soluciones dignas y, en consecuencia, proceder a la retirada del proyecto de Ordenanza Cívica”, según Ducrós.

Datos del mercado de vivienda en Palma

Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en Palma se ha disparado hasta los 2.929 euros, situando a la ciudad entre las más caras del Estado para adquirir una vivienda. En cuanto al alquiler, el incremento interanual de cerca del 30 por ciento supone una “barrera insalvable para muchas personas, que ven cómo se vuelve imposible acceder a un hogar digno con estabilidad”, según Ducrós. A esta situación se suma el hecho de que un 20 por ciento de la población sufre graves dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda, lo que impacta directamente en la calidad de vida y el bienestar colectivo.

Las consecuencias son evidentes: aumento del sinhogarismo, crecimiento del número de personas que viven en caravanas, infraviviendas, y una fractura social creciente. Lejos de desplegar medidas para hacer frente a esta crisis, el actual equipo de gobierno ha optado por recortar un 44 por ciento el presupuesto destinado a ayudas de vivienda e impulsar normativas que penalizan a quienes se encuentran en situaciones límite, como la ordenanza de convivencia cívica, que sanciona a personas que no tienen ninguna otra alternativa habitacional.