El PSOE Palma, MÉS per Palma y Unides Podem, en defensa de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta

Los partidos de izquierdas presentarán una moción conjunta en el Pleno de octubre para reclamar las mejoras laborales y salariales prometidas

Reclaman transparencia con la nueva licitación del servicio, que sigue sin adjudicarse

Las pérdidas económicas que acumulan las trabajadoras no pueden quedar sin respuesta por parte del Ayuntamiento

El PSOE, MÉS per Palma y Unides Podem presentarán una moción conjunta en el Pleno de octubre en defensa de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta de Palma en su reclamación de unas condiciones laborales y salariales dignas. La nueva licitación del servicio sigue sin adjudicarse, lo que supone que no se apliquen las mejoras salariales previstas en el nuevo contrato. Para los partidos de izquierdas, las pérdidas económicas que acumulan las trabajadoras no pueden quedar sin respuesta por parte del Ayuntamiento. Además, reclaman más transparencia en relación a la tramitación del nuevo contrato.

Los partidos de izquierdas han dado la palabra a las trabajadoras para que explicasen la situación en la que se encuentran. Han asistido Cristina Martí (EI Son Ferriol), Marga Pons (EI Son Espanyolet), Encarna Giménez (EI Santa Creu) y Joana Jover (EI Son Fuster). Martí ha explicado que “el Ayuntamiento tiene que poner soluciones a las trabajadoras, tiene que asumir responsabilidades”. “Estamos desesperadas, no tenemos gente para sustituir, no tenemos plantilla educativa suficiente, tenemos niños con necesidades educativas especiales sin atender, las escuelas se caen a pedazos y el Ayuntamiento no está haciendo nada, los niños tienen que estar bien atendidos”, ha dicho Martí.

“Cobramos 1.200 euros al mes, estamos dejando de ganar 500 euros cada mes, firmamos un acuerdo que no se está cumpliendo como sí se está haciendo en Alcúdia y Andratx. El nuestro es un grito de desesperación, no podemos más. No llegamos a final de mes, estamos a día 15 y hay trabajadoras que ya no tienen dinero en los bolsillos”, ha afirmado Martí. Martí ha recordado que han pedido tres reuniones para conocer en qué punto se encuentra el nuevo contrato; y se han suspendido las tres, la última en el último momento. “No son transparentes”, ha concluido Martí.

Licitación

La licitación publicada inicialmente tuvo que ser anulada en dos ocasiones por errores en la tramitación. Posteriormente, se publicó un nuevo procedimiento en junio de 2026 y, cuando se preveía que pudiese culminar en septiembre, un recurso de una de las empresas licitadoras ha vuelto a paralizar el proceso. Las trabajadoras y sus representantes desconocen el contenido de este recurso y el estado real de su tramitación. No se cuestiona el derecho de las empresas a recurrir, pero sí la falta de transparencia de un Ayuntamiento que debe garantizar información sobre un servicio público municipal y sobre un proceso que afecta directamente a las condiciones laborales de sus trabajadoras.

Para los partidos de izquierdas, las trabajadoras no pueden continuar pagando de su bolsillo los retrasos, los errores administrativos y las incidencias de una licitación que no dependen de ellas. Cada mes de retraso implica que no se aplican las mejoras salariales previstas en el nuevo contrato. El servicio es público y la responsabilidad también lo es. El Ayuntamiento no puede limitarse a esperar la resolución del recurso: debe dar explicaciones, actuar con diligencia y buscar soluciones para que las consecuencias económicas de sus retrasos no recaigan sobre las trabajadoras.

Moción

Por todo ello, la moción insta al equipo de gobierno a publicar, con la máxima transparencia y dentro de los límites legales, el contenido del recurso presentado contra la licitación de las escuelas infantiles, así como las resoluciones, informes y actuaciones que se produzcan durante su tramitación. También reclama informar periódicamente a las representantes de las trabajadoras y a los grupos municipales del estado de la licitación, de los plazos previstos y de las actuaciones que se lleven a cabo para resolver esta situación con la máxima celeridad.

El texto exige que se estudien y habiliten todas las vías jurídicas, administrativas y presupuestarias que sean necesarias para compensar económicamente las pérdidas salariales que las trabajadoras sufran a partir de septiembre de 2026 como consecuencia del retraso en la entrada en vigor del nuevo contrato. Por último, se pide que se dé cuenta al Pleno de las actuaciones realizadas, especialmente de la evolución del recurso, de la licitación y de las medidas adoptadas para evitar que sus retrasos continúen repercutiendo sobre las trabajadoras.