La izquierda de Cort denuncia las prácticas clientelares del PP y Vox en EMAYA

Los tres grupos municipales denuncian acuerdos extrajudiciales con presuntos acosadores vinculados a Vox y exigen explicaciones inmediatas al gerente de EMAYA

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Los grupos municipales del PSIB-PSOE, MÉS per Palma y Unides Podem denuncian que el Partido Popular y Vox están utilizando EMAYA para proteger intereses de partido y personas afines. Los acuerdos extrajudiciales firmados por la dirección de la empresa con ex trabajadores vinculados a Vox, algunos de ellos investigados por acoso laboral, suponen un escándalo político e institucional.

Estas decisiones se han tomado a espaldas del Consejo de Administración y podrían implicar un uso irregular de fondos públicos para beneficiar a presuntos acosadores. Es un acto de complicidad política intolerable: mientras los trabajadores esperan justicia, el PP y Vox premian a los suyos. Además, la dirección de la empresa pública ha decidido dejar de pagar la defensa de los trabajadores de EMAYA afectados por la causa penal abierta por acoso contra los dos ex trabajadores y militantes de Vox, como sí se hacía hasta el cambio de criterio.

Una traición a la plantilla y a la ciudadanía

Llegar a acuerdos con presuntos acosadores antes de que exista una sentencia judicial es un insulto a las víctimas y una falta absoluta de respeto a la justicia. Esto pone en riesgo la seguridad y la dignidad de los trabajadores de EMAYA y entierra diez años de trabajo para convertir la empresa pública en un ejemplo de transparencia en la contratación y en la defensa de los derechos laborales.

Los tres grupos progresistas lo tienen claro: esto es una irregularidad gravísima y sin precedentes. El PP y Vox han roto las normas, han vulnerado los principios de transparencia y han devuelto a EMAYA a las viejas prácticas de enchufismo que la ciudad ya había dejado atrás.

El regreso de las viejas formas: clientelismo y favoritismos

EMAYA vuelve a ser una pieza más en el engranaje del poder político. El PP y Vox han abierto la puerta al clientelismo, a la impunidad y a sus redes de intereses. No hay otra explicación posible: cuando se protege a personas vinculadas a Vox acusadas de acoso, no se gobierna para la ciudadanía, se gobierna para los suyos.

Ningún gobierno decente puede poner en riesgo los derechos laborales para obtener favores políticos. Ninguna empresa pública puede ser una herramienta de intercambio entre partidos. Y ninguna dirección puede premiar el acoso con acuerdos e indemnizaciones discretas.

Exigimos transparencia y responsabilidades

PSIB-PSOE, MÉS per Palma y Unides Podem han forzado la comparecencia del gerente de EMAYA para aclarar quién autorizó estos acuerdos, por qué y con qué interés político. Las explicaciones han sido totalmente insuficientes. Los tres grupos han exigido que se depuren responsabilidades y que se detenga esta deriva peligrosa que pone en cuestión la limpieza de la gestión pública. EMAYA no es del PP ni de Vox: es del pueblo de Palma, y su plantilla merece respeto, seguridad y justicia.