El PSOE Palma localiza 156 plazas entre las propiedades de los altos cargos de PP y Vox en Cort que se podrían destinar a las personas que viven en la antigua prisión

Se trata de segundas, terceras y hasta séptimas residencias, tal y como consta en las declaraciones de patrimonio que se hicieron públicas al principio del mandato

El alcalde, los concejales y los altos cargos del PP poseen 36 viviendas y un hotel de 30 plazas, mientras que los de Vox cuentan con seis viviendas más

Martínez: “Esto no va de caridad, sino de derechos; el equipo de gobierno no puede desentenderse de unos ciudadanos que son su responsabilidad, deben dar ejemplo”

El PSOE Palma ha localizado 42 viviendas y un hotel de 30 plazas, que suman unas 156 plazas, que podrían ponerse a disposición de las personas que viven en la antigua prisión. Se trata de las viviendas de las que disponen el alcalde, los concejales, los altos cargos y sus socios de Vox, y que en ningún caso son primeras residencias, sino segundas, terceras e incluso séptimas, tal y como consta en las declaraciones de patrimonio publicadas al inicio del mandato. El alcalde, los concejales y los altos cargos del PP poseen 36 viviendas y un hotel, mientras que los concejales de Vox disponen de seis viviendas más. Los socialistas han enviado la propuesta al correo electrónico que Cort habilitó para facilitar viviendas.

El concejal socialista Pepe Martínez ha explicado que “el alcalde decidió, hace tres semanas, desalojar a las 206 personas que se encontraban en la antigua prisión. Lo hizo sin buscar alternativas, sin encontrar un lugar donde pudieran vivir ni poner recursos a su disposición; lo único que hizo fue deshacerse de su responsabilidad”. Trasladaron “su responsabilidad” a “la sociedad civil, pidiéndoles que fueran ellos quienes encontraran las casas”. En ningún momento se lo pidieron al IMAS del Consell, la institución competente, ni al Govern. “Sí que se lo hicieron llegar al ejército, al obispado, a la iglesia, al tercer sector, a entidades sociales e, incluso, a partidos políticos, para ver qué viviendas ponían a disposición de estas personas. Incluso han criticado a las entidades sociales que no han ofrecido ninguna vivienda”, según Martínez.

Para Martínez, “esto no debería ir de caridad, sino de derechos. Estas personas se merecen un techo y un futuro. El equipo de gobierno no puede desentenderse de un inmueble y de unos ciudadanos que son su responsabilidad. Si quieren plantearlo como caridad, que empiecen dando ejemplo y que el alcalde ponga a disposición su segunda o tercera residencia, su inmobiliaria o lo que haga falta del equipo de gobierno para dar una solución verdadera a todas estas personas”.