El Parlament paraliza la modificación de la Ley de Capitalidad propuesta por el alcalde

La Mesa del Parlament frena la propuesta del Ayuntamiento por extralimitarse e incluir modificaciones de normas que corresponden al Govern.

Se trata de los puntos que otorgaban libertad a Palma para decidir sobre infraestructuras o equipamientos de titularidad privada.

Negueruela: “El alcalde debe asumir su responsabilidad; la norma es un bodrio que no cumple con la ley”.

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La Mesa del Parlament ha bloqueado hoy la modificación de la Ley de Capitalidad tras constatar que la propuesta del alcalde se extralimita y contiene modificaciones para las que no tiene competencia. Se trata de dos disposiciones adicionales que otorgaban a Palma la potestad de decidir sobre infraestructuras y equipamientos de titularidad privada.

Para el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, “el alcalde de Palma debería centrarse más en la gestión y trabajar más por la ciudad”. “Un Parlament con mayoría del Partido Popular y Vox ha frenado una norma aprobada por un ayuntamiento también gobernado por PP y Vox, porque las cosas no se han hecho bien”, ha declarado Negueruela.

Según el secretario general, el alcalde “debe asumir sus responsabilidades y garantizar que, como mínimo, las propuestas de ley del Ayuntamiento sean legales”. Negueruela ha asegurado que Martínez “se está desentendiendo de la gestión”. “La norma no cumple la ley y tendrá que replantearse desde el Ayuntamiento. Es un error más y un bodrio más”, ha añadido.

La modificación de la Ley de Capitalidad propuesta por el alcalde incluía dos cambios que afectaban a normas del Govern: el Decreto Ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o ampliación de la red de equipamientos públicos de uso educativo, sanitario o social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en infraestructuras y equipamientos privados; y la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, también en lo referente a infraestructuras y equipamientos privados. Así, se pretendía otorgar a Palma la potestad para aplicar el contenido de ambas leyes a equipamientos de titularidad privada.

Los socialistas ya denunciaron durante el pleno de noviembre que los cambios introducidos por la modificación de la Ley no cumplían con la legalidad vigente. Además, también criticaron la reducción del porcentaje de vivienda pública en los nuevos suelos urbanizables, que podría disminuir notablemente o incluso desaparecer.