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El PSOE Palma exige al alcalde Martínez que declare a Palma como ciudad tensionada para hacer frente a la crisis de vivienda

El PSOE Palma exige al alcalde Martínez que declare a Palma como ciudad tensionada para hacer frente a la crisis de vivienda


El Grupo Municipal Socialista registra una iniciativa para el pleno ordinario del mes de marzo relativa a que Palma sea declarada una ciudad tensionada en materia de alquiler como recoge la Ley de Vivienda estatal. 


 

Los socialistas de Palma exigimos “al alcalde Martínez que se ponga a trabajar pensando únicamente en los intereses de los ciudadanos de Palma ante el problema de vivienda que tenemos en la ciudad de Palma”. En este sentido, los socialistas de Palma pedimos que el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma se vote a favor a que el Govern de les Illes Balears declare el municipio de Palma como zona tensionada en cuestión de alquiler, lo que permitiría la aplicación de medidas contempladas en la ley estatal de vivienda.  


El reto de la vivienda exige por parte de los poderes públicos un compromiso real y efectivo para abordar, desde diferentes perspectivas, tanto el incremento de precios como los mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda en unas condiciones adecuadas.


Durante el pasado año 2023, los precios para acceder a una vivienda han crecido de manera exponencial en Palma, logrando incrementos del 30,75% para la compra y del 29,17% para el alquiler.


La situación actual requiere una acción decidida y la adopción de medidas urgentes tal y como reclama la ciudadanía de Palma; aplicar los mecanismos necesarios para parar el aumento incontrolado de los precios de acceso a la vivienda y, en particular, los relativos al alquiler es una responsabilidad de los gobiernos municipales y autonómicos, pero frente a las diferentes iniciativas socialistas en el pleno para tratar el reto de la vivienda, la respuesta del pacto PP-VOX ha sido siempre la de mirar siempre a la iniciativa privada y al libre mercado. 


Los socialistas de Palma exigimos que los gobiernos de Palma y Baleares cumplan con su responsabilidad política frente a esta problemática, protegiendo los derechos de los ciudadanos y garantizando un acceso justo y digno a la vivienda en nuestra ciudad.


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